Ciudad de México. — El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este miércoles sobre el traslado de 26 personas identificadas como generadores de violencia hacia los Estados Unidos, esto en coordinación con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, mediante una operación de alto nivel y en estricto apego a la ley.
“Esta decisión se tomó por interés nacional y bajo el más alto criterio de seguridad para nuestro país”, señaló al destacar que las acciones fueron realizadas con pleno respeto a la soberanía nacional y los principios de reciprocidad internacional y garantizando que ninguno enfrentará la pena de muerte.
Los 26 extraditados estaban recluidos en cinco Centros Penitenciarios Federales y cuatro Estatales. Enfrentan cargos en Estados Unidos por delitos como tráfico de personas, homicidio, trasiego de droga, uso de armas de fuego, lavado de dinero y delincuencia organizada.
El traslado –dijo –, se realizó desde la Base Aérea Militar No. 1 con apoyo de 12 aeronaves del Ejército Mexicano y la Marina. Las personas fueron distribuidas en las siguientes ciudades estadounidenses:
8 a White Plains, Nueva York
1 a John F. Kennedy, Nueva York
5 a San Diego, California
6 a Phoenix, Arizona
6 a Dulles, Virginia
Participaron en la operación 988 elementos y 90 vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR).
Harfuch aseguró que todas las acciones de custodia y traslado se realizaron conforme a los protocolos institucionales, con presencia de personal médico y jurídico para garantizar el respeto a los derechos humanos. No se registró ningún incidente durante las operaciones, y los centros penitenciarios involucrados operan con total normalidad.
El titular de la SSPC destacó que muchos de estos delincuentes, a pesar de estar privados de su libertad, seguían dirigiendo operaciones delictivas desde prisión, aprovechando visitas legales para mantener contacto con sus redes.
“Estas interacciones eran aprovechadas para mantener operaciones criminales, amenazar a funcionarios y extender redes de corrupción e intimidación, lo que representaba un riesgo inaceptable para la seguridad”, explicó.
Además, reveló que algunos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad, lo que facilitaba su actividad delictiva e incluso abría la posibilidad de traslados a penales estatales con menor control. También existían litigios en curso que buscaban su liberación anticipada, lo que habría significado un retroceso en la lucha contra el crimen organizado.
