Ciudad de Puebla, Pue. — Habitantes de la comunidad indígena de San José Zetina, perteneciente a la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla, denunciaron públicamente el intento de despojo de 400 hectáreas de terreno ejidal por parte de la empresa Inmobiliaria Vasur, S.A. de C.V., a la que acusan de pretender apropiarse ilegalmente de tierras que legítimamente les pertenecen.
Los pobladores señalaron que la inmobiliaria busca adueñarse no solo de estas 400 hectáreas en Azumiatla, sino también de otros ejidos de la región, lo que sumaría más de 900 hectáreas en riesgo de despojo. Aseguran que la empresa ha aprovechado vacíos legales para avanzar en su intención de apropiarse de tierras comunales.
De acuerdo con los testimonios, alrededor de 400 familias se verían afectadas por este conflicto, el cual se remonta al año 2010. En la zona en disputa ya se han construido viviendas, escuelas e infraestructura comunitaria, lo que, afirman, demuestra la posesión y uso legítimo del territorio.
Solicitan intervención del gobierno estatal
Los denunciantes exigieron la intervención inmediata de las autoridades estatales para frenar lo que consideran un intento ilegal de despojo por parte de la inmobiliaria. Además, acusaron al Ayuntamiento de Puebla de negarles el reconocimiento legal para el pago del predial, lo que les impide acreditar formalmente la propiedad del terreno.
Asimismo, denunciaron actos de intimidación y violencia, incluyendo el envío de personas armadas que han realizado disparos para amedrentar a los habitantes. Hicieron responsables a las autoridades de cualquier situación que pudiera derivarse de esta problemática, afirmando que los distintos niveles de gobierno están plenamente informados del conflicto.
Litigio de décadas y acusaciones contra la inmobiliaria
Los colonos informaron que el conflicto legal por las 400 hectáreas de la ex Hacienda San José Zetina lleva varias décadas. Afirman ser los legítimos propietarios, con títulos heredados de forma verbal por generaciones y procesos de escrituración en curso.
La empresa Inmobiliaria Vasur, S.A. de C.V., presuntamente vinculada a los hermanos Javier y Guillermo Pacheco Pensado, hijos del exgobernador interino Guillermo Pacheco Pulido, sostiene que el terreno fue invadido de forma ilegal desde 2023, y ha intentado restituirlo para fines de desarrollo inmobiliario.
Los habitantes acusan a la empresa de acoso, amenazas, fabricación de delitos (como el de despojo contra ocho líderes comunitarios) y uso de tráfico de influencias. Denunciaron que han sufrido al menos cuatro intentos de desalojo en 2025 por parte de la Fiscalía General del Estado y elementos de la Policía Estatal, el último de ellos en noviembre de 2024, cuando se registraron disparos y enfrentamientos con piedras.
Acuerdo parcial, conflicto sin resolver
Pese a la firma de un acuerdo reparatorio en noviembre de 2024, mediante el cual una parte del terreno fue devuelta a la inmobiliaria, los pobladores aseguran que el conflicto persiste sin una solución definitiva.
El caso ha derivado en protestas, retrasos judiciales y demandas directas al gobernador Alejandro Armenta Mier, a quien los habitantes piden que intervenga de forma decidida para garantizar sus derechos como comunidad indígena y proteger el territorio ejidal.
