El gobernador Alejandro Armenta Mier confirmó que los operativos que llevaron a la captura de los ediles el pasado 7 de marzo se basaron en carpetas de investigación abiertas tras estos hechos.
"Hubo enfrentamientos entre las policías municipales, la Sedena y la Guardia Nacional en estos tres municipios, lo que derivó en la pérdida de varios elementos de seguridad y en la apertura de las investigaciones correspondientes", explicó durante una mesa de trabajo en el Centro Integral de Servicios (CIS).
Giovanni N fue imputado el 11 de marzo por encubrimiento y recepción de mercancía robada, mientras que su hermano Uruviel N enfrenta cargos por posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Ambos permanecen en prisión preventiva en el penal de Tepexi de Rodríguez hasta sus respectivas audiencias de vinculación a proceso, programadas para el 14 y 15 de marzo.
Las detenciones ocurrieron tras un cateo realizado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en el cual se encontraron mercancías de procedencia ilícita. Además, se investiga su posible implicación en los enfrentamientos con fuerzas federales.
Protestas y rechazo a la negociación
Este martes 11 de marzo, simpatizantes de los alcaldes bloquearon los accesos al Congreso del Estado durante más de ocho horas para exigir su liberación. También solicitaron una reunión con la diputada Fedrha Suriano Corrales, dirigente de Movimiento Ciudadano (MC), partido que los postuló en la última elección.
Suriano Corrales afirmó que el Poder Legislativo no tiene injerencia en decisiones del Poder Judicial y calificó la protesta como una demanda fuera de lugar. A pesar de esto, los manifestantes permitieron la salida de al menos 30 legisladores.
Por su parte, el gobernador Armenta Mier fue tajante al rechazar cualquier tipo de negociación en torno a estos hechos: “La ley no se negocia, la ley se aplica”, enfatizó.
Información de MGM Noticias
