Por ejemplo, los deportistas que compiten en diversos campeonatos nacionales no tienen dónde entrenar, por estar cerradas las instalaciones. Otro rubro impactado, el de las titulaciones, al grado de que se han interpuesto amparos, lo que en sí ya es inédito. El que viene (y lo adelantamos aquí en la edición pasada) es el de la nómina universitaria, que está en vilo que se pague en tiempo y forma. Pero el que más va a impactar es el del proceso de admisión, pues la convocatoria no se publicó a finales de febrero. Pega porque tiene tiempos concretos, fijos y con afectación externa: a los que buscan ingresar a la máxima casa de estudios, los chavos de prepa o bachiller, tanto locales como foráneos. Ya no es un tema de cerrazón en la autoridad, que encabeza la rectora Lilia Cedillo, sino de la necedad de un grupo radical que tiene un interés particular, o de agrupaciones con intereses políticos, quienes endurecen las peticiones; ejemplo: que universitarios y sus papás tengan acceso a servicios médicos de la BUAP, algo imposible presupuestariamente hablando; también, exigen que se subsidie la alimentación de todos los estudiantes, para que la comida cueste sólo 5 pesos. No hay forma, pues. Estos puntos, que son los que atoran las negociaciones, parecen estar sembrados, porque saben que no se pueden cumplir. Por ello, toma relevancia que este caso llegara hasta la “Mañanera del Pueblo”, la recomendación de la presidenta Claudia Sheinbaum es privilegiar el diálogo. Por lo pronto, el reloj sigue caminando y los nervios también. Por eso, surgen algunas inocentes preguntas: ¿A quién conviene este movimiento? Queda claro que a la comunidad universitaria no, hay intereses escondidos. ¿Qué pasará cuando el diálogo ya no sea suficiente? La radicalización tiene nombre y apellido, despacha en la propia universidad y para lograr sus fines macabros tiene apoyo de agrupaciones de interés político. Eso parece ser.

Es cuanto.