Se lo mencioné en su momento.
Ahora, apenas una semana después, fue detenido un comandante de la Fiscalía y en un operativo, Ángel Javier N, alias “El Caiser” o “El Angelito”, líder del grupo criminal “La Barredora” y presunto responsable de al menos diez homicidios en Tabasco.
La Barredora que opera en Puebla es un grupo delictivo distinto al que tiene presencia en Tabasco, pero forman parte de la misma organización criminal nacional, reveló el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González.
La operación sigue.
Como lo anticipamos en una entrega anterior, la Fiscalía General del Estado (FGE) venía arrastrando una operación de depuración silenciosa que apuntaba a lo más profundo de su estructura, una corrupción enquistada.
También con la detención de Alejandro Macuil Tláhuetl, excomandante de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, se confirma que no era advertencia ligera, va en serio.
Macuil no es un funcionario menor.
Era, hasta hace unos días, el rostro visible de una unidad creada para buscar a los desaparecidos.
Pero lo que hacían sus manos era otra cosa, como intimidar, encubrir, frenar investigaciones y —según las propias víctimas y un testigo clave— proteger a un criminal conocido como Federico N., alias “El Patuleco”, presunto responsable de desapariciones, narcomenudeo y reclutamiento forzado.
El Colectivo Voz de los Desaparecidos lo denunció desde hace tiempo.
Pero nadie hizo caso, hasta ahora.
La fiscal Idamis Pastor estaba trabajando en limpiar las cloacas internas.
Y ahora, la cloaca se destapa.
Años de carpetas empolvadas, de excusas burocráticas, de familiares buscando entre fosas y barrancas lo que sus autoridades debieron buscar primero.
Años en los que Macuil, en lugar de servir a las víctimas, les cerraba las puertas.
Las preguntas siguen en el aire.
¿Cuántos sabían y callaron?
¿A cuántos más hay que sacar?
Lo advertimos, y aquí está: la depuración arrancó.
La impunidad se vestía de uniforme y cargaba credenciales oficiales y las familias no merecen más simulaciones.
En la mira
Desde el CIS, el gobernador Alejandro Armenta lanzó una advertencia que no admite interpretaciones: Iván Cuautle, síndico de San Pedro Cholula, está bajo la lupa.
Armenta advirtió que “la omisión es complicidad” y que “no meterá las manos al fuego por ningún servidor público”, ¿así o más claro?
Y ya se ha visto.
Hasta el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, refrendó que el Congreso del Estado podría participar en la destitución del síndico.
En suma, el mensaje fue claro y resonante: la advertencia queda en el aire y el que desobedece —u omite— paga el costo.
Una prometida limpieza institucional que ya no admite tibiezas, en un contexto donde la gobernabilidad se juega con visibilidad y firmeza.
Tiempo al tiempo.
