El caso de Xoxtla es claro. Dos personajes —Pascual Bermúdez Chantes y Renato Romero— se han querido vender como “defensores del agua”, pero en realidad traen su propio negocio. Y no es la primera vez que lo hacen: Renato ya estuvo metido en broncas parecidas, con bloqueos y pleitos que terminaron afectando a la gente. Hay información que muestra que sus acciones responden más a intereses personales y políticos que a una verdadera preocupación ambiental.

Como consta en referencias en medios, el pasado 28 de mayo de 2025, en el municipio de Xoxtla, se registraron protestas, bloqueos y disturbios encabezados por estos supuestos líderes. Estos hechos causaron daños a infraestructura hídrica, pérdidas económicas y afectaron a miles de personas, incluyendo a quienes utilizan diariamente la autopista México–Puebla, que fue cerrada durante varias horas.

Es importante señalar que el proyecto afectado ya contaba con aprobación oficial, tanto de SOAPAP como del Plan Hídrico Nacional, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto significa que tenía respaldo legal, técnico y financiero, y formaba parte de una estrategia de largo plazo para asegurar el acceso al agua potable.

O sea, ¿de qué se trata? ¿De defender el agua o de buscar reflectores?

De acuerdo con fuentes precisas, los antecedentes de Renato Romero, quien ya ha estado vinculado a hechos violentos y procesos legales, hacen pensar que su interés no es defender el agua, sino generar conflictos para obtener protagonismo o beneficios políticos. Ambos líderes han intentado en varias ocasiones participar en política, pero al no lograr respaldo popular, han optado por oponerse a todo lo que no los incluye.

Además, personas involucradas en el caso que pidieron la gracia del anonimato señalan que en estas protestas participó la organización “28 de Octubre”, conocida por sus acciones radicales y violentas. Así que no, no es casualidad lo que pasó en Xoxtla. Fue algo planeado, con intereses políticos de fondo y mucha manipulación.

Sabemos de fuentes cercanas al caso que la Fiscalía del Estado ya prepara cateos y operativos para dar con los demás responsables de la desestabilización en Xoxtla. Se ha documentado la infiltración y planeación en el sabotaje a los proyectos hídricos.

Cada vez que se bloquea una obra o se destruye infraestructura pública, los más afectados son los ciudadanos, especialmente las personas de comunidades que aún no tienen acceso seguro al agua. Estas acciones retrasan el desarrollo, generan desconfianza y pueden provocar que Puebla enfrente problemas serios de escasez en el futuro cercano.

Lo más grave es que estas interrupciones no están motivadas por una defensa legítima del medio ambiente, sino por el deseo de figurar o presionar para obtener poder. En lugar de sumar al esfuerzo por proteger los recursos naturales, lo están debilitando.

Defender el agua no significa oponerse a todo. Significa buscar soluciones, participar con responsabilidad y construir acuerdos. Las y los jóvenes deben aprender a identificar cuándo una causa es genuina y cuándo está siendo utilizada por personas que solo buscan beneficio personal.

El agua se defiende con proyectos, con planeación, no quemando cosas ni cerrando carreteras. Este falso activismo no solo le hace daño al medio ambiente, también desgasta a la sociedad y bloquea el desarrollo de las comunidades.

Por eso, si en unos años en Puebla falta agua, no será por falta de proyectos ni de inversión. Será por culpa de quienes, en lugar de apoyar, decidieron obstaculizar con bloqueos, violencia y desinformación.

La próxima vez que alguien cierre una calle “en nombre del agua”, habría que preguntarle primero quién está detrás y qué está buscando en realidad.