En redes sociales se recordó el pasado sábado que el hoy gobernadorAlejandro Armenta, con apenas 23 años de edad, ganó en 1992 el plebiscito que le permitió ser el candidato y luego el presidente municipal más joven posiblemente en la historia del estado, para encabezar el ayuntamiento de Acatzingo.

Con 1,956 días de trabajo por delante en la actual administración estatal, el gobernador Alejandro Armenta no pierde de vista el horizonte, desde donde perfila los nuevos proyectos, aunque también sabe mirar al retrovisor para reconocer lo que se ha hecho con éxito y lo que requiere refuerzo.

De manera inusual y reiterada, en un llamado republicano, sobrio y hasta amistoso, la presidenta del Poder Legislativo poblano, Laura Artemisa García Chávez, ha convocado a los exalcaldes y exalcaldesas que tienen observaciones en sus cuentas públicas –muchas de ellas que pueden derivar en responsabilidades administrativas y penales– a solventarlas ante la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Suele decir un consultor de la izquierda, quien se sienta habitualmente a las mesas de las decisiones fundamentales de Morena, que no hay nada peor que estar en el limbo de los grupos de ese partido: no ser “ni amigo ni enemigo”. Porque a los primeros se les protege y se les beneficia; a los segundos se les tiene cerca para atajar sus embates. Pero cuando no se es ni una ni otra cosa, no se es nada.

Desde hace semanas está en marcha la recomposición política del régimen, que entraña una profunda redistribución del poder en la Cuarta Transformación (4T), en sus bancadas del Congreso de la Unión y en la dirigencia nacional del partido Morena.

Al cumplir exactamente 220 días de su administración, el lunes 21 de julio, el gobernador Alejandro Armenta lanzó, para quien tuvo capacidad de entender y de analizar, claves de lo que es, ha sido y será su gobierno, en cuanto a metas, acciones y obras.

La derecha y sus voceros; los beneficiarios de aviesos intereses de grupos fácticos y hasta los solitarios tuiteros que pretenden, con baratas extorsiones, conseguir contratos de publicidad gubernamental, se sincronizan para atacar a las administraciones federal y estatal, pero no consiguen realmente nada, ni inciden en el ánimo social.

Entre los delitos que cometió el morenovallismo, con absoluta impunidad, consentimiento y colusión de las entonces autoridades federales, a pesar de que resultaron muy directamente afectadas, está el espionaje que se perpetró desde Puebla, entre 2011 y 2018, que ha sido abundantemente documentado y reconocido ya por el Estado Mexicano.

Cuando Alejandro Armenta subraya que su gobierno “camina de la mano” de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no lo hace como eslogan diseñado por su equipo o como lisonja, sino que hay realmente una coordinación y una sintonía, medible en fechas y hechos. Eso hasta la oposición lo reconoce, en corto, casi susurrando, pero con certeza, y lo ven propios y extraños como una extraordinaria noticia para el estado.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció que es necesario que los Congresos estatales legislen sobre los delitos digitales. En ese sentido, coincidió con el proceso que desarrolló el Congreso del Estado de Puebla con la modificación del Código Penal de la entidad.