De acuerdo con la Fiscalía estatal, los hechos derivan de un operativo realizado el 5 de abril de 2017 en la comunidad indígena de Arantepacua, en el municipio de Nahuatzen, donde fuerzas de seguridad estatal intervinieron en un conflicto social. Durante esta acción murieron cuatro comuneros indígenas y varias personas resultaron heridas.
Las investigaciones señalan que el entonces gobernador habría ordenado el despliegue policial, el cual terminó en un enfrentamiento armado y presuntas ejecuciones extrajudiciales, además de actos de tortura contra pobladores.
Junto con Aureoles, también se emitieron órdenes de captura contra el exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, y al menos 14 policías estatales presuntamente involucrados en los hechos.
