De acuerdo con el comunicado oficial, algunas de las manifestantes —sin precisar número de detenidas— fueron detenidas por su presunta participación en actos de vandalismo, entre ellos daños a la fuente de San Miguel, donde se reportó el uso de martillos, aerosoles y sustancias para pintar el agua.
Pese a estos hechos, el gobierno estatal sostuvo: “El Gobierno del Estado respeta la libre protesta y la expresión de las ideas”. Asimismo, aclaró que “las mujeres detenidas en el marco de la manifestación del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas están a disposición de la FGR México, y no de la Fiscalía Puebla”.
El Ejecutivo también subrayó su compromiso con los derechos de las manifestantes: “El Gobierno del Estado está pendiente de sus garantías y de sus derechos humanos. Exhortamos a garantizar su integridad y un debido proceso con perspectiva de género”.
En ese mismo sentido, el gobernador del estado, Alejandro Armenta, expresó a través de sus redes sociales que “en Puebla se garantiza la libertad de expresión”. El mandatario recalcó que su administración protege los derechos de todas las personas: “En nuestro gobierno se entienden y protegen los derechos de todas y todos, promoviendo la libre manifestación y respetando siempre los derechos de terceros”, añadió.
Finalmente, hizo un llamado a la responsabilidad colectiva al señalar: “Bienvenidas todas las expresiones sociales. Invitamos a ejercerlas con responsabilidad y respeto mutuo”.
El gobierno reiteró que, en Puebla, se privilegia el diálogo como vía para atender las demandas sociales: “En Puebla privilegiamos el diálogo con todas las organizaciones y expresiones de la sociedad”, concluyó el pronunciamiento oficial.
