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¿Es México una cultura fracasada? La pregunta es provocadora, pero los escándalos de corrupción, la violencia del narcotráfico y la crisis moral del partido gobernante obligan a reflexionar.

La generación scroll mira al cielo y no es metáfora; es estadística. En EE. UU. el enorme estudio 2023-24 del Pew Research Center encontró que 46 % de los adultos de 18-24 años se sigue declarando cristiano y el 43 % ya se confiesa “nada” — pero, contra pronóstico, ese 46 % no cayó respecto a la cohorte inmediatamente anterior, frenando quince años de sangría religiosa. Para remate, el New York Post reporta un salto de 6 % en jóvenes varones que se bautizan en parroquias católicas “porque allí sienten propósito”.

¿Por qué este volantazo espiritual tras años de memes nihilistas? Primero, salud mental: la pandemia dejó niveles récord de ansiedad y soledad. Un amplio “scoping review” publicado en Frontiers in Psychiatry halló que la asistencia regular a oficios y la devoción personal reducen entre 50 % y 200 % la probabilidad de depresión en adolescentes con madurez física alta —no es placebo, es resiliencia comunitaria. Cuando la terapia es cara y la app de meditación ya aburre, recitar salmos con otros humanos parece un bio-hack low-tech.

Segundo, fatiga digital. Después de diez mil swipes diarios, un rito analógico —encender una vela, arrodillarse, cantar sin autotune— se siente casi punk. El hashtag #GenZForJesus acumula millones de views en TikTok: la fe se volvió “contenido premium”, un descanso del algoritmo que nunca duerme. El streaming no sustituyó al templo; lo convirtió en teaser de una experiencia tangible.

Tercero, bancarrota institucional. Políticos, universidades y big tech perdieron credibilidad; las iglesias ofrecen pertenencia sin paywall. Pew detecta que la proporción de jóvenes que sigue asistiendo al culto si fue criado creyente es baja (28 %), pero igual de baja es la persistencia del agnosticismo entre quienes crecieron sin religión. En otras palabras, todo está en juego y las parroquias compiten de nuevo por la confianza perdida.

Cuarto, economía y clima sin red. Inteligencias artificiales que amenazan empleos, alquileres imposibles y eventos climáticos extremos generan un caldo de cultivo perfecto para narrativas que prometen sentido trascendente: “Dios proveerá” compite con “el mercado proveerá” y, hoy por hoy, Wall Street no reza por nadie.

Quinto, pluralismo migratorio. Jóvenes hijos de nigerianos en Londres o nietos de salvadoreños en Los Ángeles llevan a la escuela misas carismáticas y mezquitas portátiles; su fervor contagia. El resultado es un mosaico donde conversos católicos y neo-pentecostales comparten cafetería universitaria. La frontera entre identidades étnicas y espirituales se volvió tan porosa como la timeline de Instagram.

¿Y el match con México? Aunque el Censo 2020 marca 8,1 % de población irreligiosa y 77,7 % católica, la nota al pie dice “principalmente los más jóvenes” para explicar la subida del ateísmo. Pero la historia no termina ahí: “Esperanza para México”, plan adventista lanzado en 2024, moviliza brigadas juveniles, conciertos de góspel y clínicas de salud que llenan estadios en Chiapas y Yucatán, mostrando que el mercado del sentido también late al sur del Bravo.

En paralelo, retiros católicos como los de Totus Tuus o los “Congresos de Jóvenes” metodistas rebosan influencers que combinan rosario con reels; el púlpito se volvió multiplataforma.

¿Qué nos dice todo esto? Que las instituciones que ofrezcan comunidad, silencio significativo y un relato convincente del futuro competirán con ventaja sobre cualquier app de meditación de seis dólares al mes.

Para gobiernos que buscan cohesión social o marcas que anhelan lealtad generacional, ignorar el “mercado del sentido” será tan miope como ignorar el mercado de los smartphones en 2010. Cuando la pantalla cansa, la liturgia —sea misa, shabat o círculo de mindfulness— es la nueva discoteca. Y sí, puede que Dios hoy llegue vía push notification, pero la pregunta que reta a todos sigue siendo terrenal: ¿quién te recibe cuando tu Wi-Fi se cae?

@ricardommz07

Hace unos días #Banamex presentó La evolución cultural en México. Cuatro décadas de cambios de valores 1982-2023, séptima entrega de la serie iniciada por Enrique Alduncin y continuada por Alejandro Moreno. El volumen consolida nueve encuestas nacionales comparables —las siete rondas mexicanas de la World Values Survey más los levantamientos gemelos de 2003 y 2023—, cada uno con entre 1 500 y 2 500 entrevistas cara a cara, rigurosamente representativas de la población adulta.

Nadie dispone de un termómetro más largo ni más fino sobre lo que los mexicanos creemos, tememos y deseamos. Las cifras que siguen salen de ahí; conviene mirarlas porque adelantan la agenda de tensiones que empresas, gobiernos y organizaciones civiles tendrán que gestionar en lo que resta de década.

En 1982 apenas 10 % de los mexicanos caía en el cuadrante “posmaterialista”; hoy son 22%. Al revés, los materialistas pasaron de 28 % a 17 %. La prioridad clásica —orden e inflación— pierde terreno frente a la tríada participación, libertad de expresión y bienestar subjetivo. El desplazamiento no es homogéneo: la Generación Z ya se instala casi por completo en la autoexpresión, mientras los nacidos antes de 1946 siguen anclados en el polo de la supervivencia. Esa distancia generacional fue la mayor en 2012 y se mantiene amplia en 2023; la política ya no se organiza a la antigua izquierda-derecha, sino en cuánta autonomía personal se acepta frente a cuánta disciplina colectiva se reclama.

En 2003 solo 6 % de la población usaba internet todos los días; en 2023 lo hace el 70 %. El salto es todavía más abrupto por edad: 91 % de la Gen Z navega a diario, contra 47 % de los boomers. Cada punto adicional de conectividad añade tolerancia, diversidad y sentido de agencia, de modo que la infraestructura de fibra óptica es también infraestructura cultural. Poner un cable en la sierra no solo sube el ancho de banda; desplaza creencias.

Aborto. El porcentaje que lo rechaza tajantemente cayó de 64 % en 1982 a 47 % en 2023. Pero el promedio es engañoso: 54 % de los boomers se mantiene en la prohibición total, frente a solo 31 % de la Gen Z; la brecha se duplicó en veinte años.

Diversidad sexual. Quienes “nunca justifican” la homosexualidad bajaron de 72 % a 34 % desde 1982; la tolerancia avanza al ritmo de los megabytes.

Religión. La asistencia semanal a templos pasó de 59 % a 36 %. La devoción guadalupana también cede: “mucha importancia” a la Virgen cayó de 73 % en 2003 a 51 % en 2023 —y solo 38 % entre centennials. México no abandona la fe, pero la renegocia en clave individual.

Mientras retrocede el ritual religioso, el orgullo nacional sube de 66 % a 84 % en el mismo periodo. El patriotismo clásico —“dispuesto a pelear por el país”— sí baja de 89 % a 68 %. Traducido: la bandera sigue en alto, pero como símbolo pop que convive con hashtags feministas y emojis arcoíris.

Contra el pronóstico de “pandemia-retroceso”, la satisfacción con la economía del hogar se sostiene en 80 % (dato no mostrado aquí, pero derivado del mismo estudio). Al no dispararse el pánico económico, los valores de supervivencia no recuperan terreno. Para los decisores, eso implica que el discurso de “primero lo básico” seduce cada vez menos a una ciudadanía que ya probó la autoexpresión.

Tres lecciones estratégicas

1. Legislar con GPS generacional. Los mayores aún son mayoría electoral, pero cada año pierden peso. Derecho a decidir, regulación de plataformas o cannabis tendrán apoyos y vetos que cruzan edades, no partidos; mapear esas cohortes evita sorpresas en el Congreso.
2. Cerrar la brecha digital es cerrar la brecha cultural. El 14 % que nunca se conecta no solo pierde acceso a banca o telemedicina; queda anclado en valores que tensionan convivencia y productividad. Invertir en cobertura es invertir en cohesión.
3. Narrativas “bilingües”. Campañas públicas o privadas que mezclen propósito con referencias culturales localísimas funcionan mejor que los discursos monocromos. La Generación Z compra tacos al pastor y paga con QR; quiere las dos cosas, no elegir.

Mirando a 2040, el reto no será “modernizar” a los jóvenes, sino asumir que ellos ya modernizaron la idea misma de modernidad. El dilema real es qué parte de la tradición se resignifica y qué parte del cambio estamos dispuestos a financiar. Quien llegue a la próxima década con un eslogan de los noventa descubrirá que la Generación Z reescribió la canción en un reel de quince segundos y vertical.

Entender que la cultura mexicana, “a ratos es revolución y a ratos retorno”, pero siempre se mueve hacia más libertad —con sabor a tacos al pastor, pagados con cero papel moneda— es el primer paso para diseñar políticas, negocios y proyectos que sigan sonando cuando Spotify cambie otra vez de algoritmo.

El pasado viernes 13 de junio, el Congreso del Estado de Puebla aprobó una reforma integral al Código Penal local que incorpora, por primera vez, una serie de delitos cometidos en el ciberespacio, entre ellos el ciberasedio, el espionaje digital, la usurpación de identidad y el contacto con fines sexuales hacia menores mediante redes sociales. Esta iniciativa ha comenzado a generar un álgido debate en redes sociales y las sobremesas, en las que destacan las dudas y la urgencia por explicar en qué consiste.

Aunque la violencia digital existe, es cotidiana y debe ser combatida jurídicamente, no han faltado voces que —desde la desinformación o el temor legítimo a los excesos del poder— han planteado dudas sobre si esta legislación representa una amenaza a la libertad de expresión. La respuesta es no, y explico mi postura como quien ejerce la libertad de expresión a diario, de manera profesional y ética, y que en sexenios del pasado enfrentó intimidación y espionaje por pensar diferente.

A diferencia de otras propuestas legislativas que han buscado castigar la opinión pública en redes sociales o criminalizar la crítica hacia servidores públicos, esta ley no penaliza ideas, posturas ni opiniones, sino conductas lesivas y sistemáticas que causan daño real a las personas. Insultar, injuriar o humillar de manera reiterada con el objetivo de degradar física o emocionalmente a alguien, especialmente cuando se hace contra menores, no es ejercicio de la libertad de expresión: es violencia digital.

En ese sentido, el nuevo artículo 480 del Código Penal establece claramente que el ciberasedio no se configura por el simple hecho de emitir un comentario crítico, irónico o controversial, sino cuando existe una intención persistente de daño, en un contexto de insistencia y agresividad. Este enfoque permite diferenciar entre la libertad de disentir y el afán de agredir.

Como hacía referencia en la entrega anterior sobre este mismo tema, el derecho a expresarse libremente está consagrado en el artículo 6° constitucional y en tratados internacionales firmados por México. Pero este derecho no es absoluto, ni está por encima de otros bienes jurídicos como la dignidad, la integridad emocional o la seguridad de las personas, especialmente de niñas, niños y adolescentes.

La libertad de expresión no incluye el derecho a amenazar, acosar, suplantar identidades, espiar digitalmente o cometer fraudes a través de plataformas digitales. Y eso es precisamente lo que la ley sanciona.

Quien utilice el correo electrónico para suplantar a una institución financiera y obtener datos personales de un usuario no está “expresando una idea”, sino cometiendo un fraude cibernético. Quien se hace pasar por otra persona para obtener beneficios patrimoniales no está “ejerciendo un derecho”, sino vulnerando la identidad y el patrimonio ajeno.

En Puebla, los delitos cometidos en línea —desde el robo de identidad hasta el acoso digital— han aumentado sin que existieran figuras legales claras para perseguirlos, lo cual dejaba a las víctimas desprotegidas y a los agresores en la impunidad.

Esta reforma no es una mordaza, sino una herramienta de justicia y prevención. Tipifica delitos que ya ocurren, que tienen consecuencias reales, que afectan a mujeres, jóvenes, menores de edad y personas adultas mayores, y que ya no podían seguir siendo ignorados por el marco jurídico.

Desde luego, toda ley es perfectible. La verdadera prueba será su aplicación responsable por parte del sistema judicial –en donde recae la gran responsabilidad–, así como su divulgación entre la población. También será fundamental que el gobierno impulse campañas educativas sobre el uso ético y seguro de la tecnología, y que la policía cibernética cuente con las herramientas necesarias para actuar sin violar derechos ni vulnerar libertades.

Pero la dirección es correcta. Puebla se está colocando a la vanguardia de la legislación en materia de ciberseguridad. Y lo hace con una ley que no criminaliza la crítica ni silencia el debate público, sino que protege a las personas más vulnerables del abuso en línea. Es una ley que reconoce que la violencia también se ejerce con un “clic”, y que, frente a ella, el Estado no puede cerrar los ojos.

Cuenta de X: @mecinas
Premio estatal de periodismo 2014 y 2015
Director de Quinceminutos MX

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