De acuerdo con el coordinador general de Comunicación y Agenda Digital, José Tomé Cabrera, los ataques de la televisora “responden a intereses económicos y no informativos”. En otras palabras, no se trataría de periodismo crítico, sino de un chantaje con pantalla y rating, un intento de doblegar al gobierno mediante la manipulación de la opinión pública.

Un patrón que se repite

No es la primera vez que TV Azteca y el Grupo Salinas aparecen en el radar de los gobiernos estatales por prácticas que combinan negocios, imagen y convenios.

En 2018, bajo la administración de Antonio Gali Fayad, el gobierno de Puebla destinó 20 millones de pesos para una escuela de TV Azteca, mientras que por otra parte obtenía contratos millonarios con Comunicación Social del Gobierno del Estado y los gobiernos municipales de Puebla.

Ese mismo año, la entonces Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade) firmó un acuerdo con Grupo Salinas para promover el empleo y apoyar a sectores vulnerables, aunque nunca se revelaron los montos involucrados. Estos antecedentes evidencian una relación estrecha —y opaca— entre el consorcio mediático y los gobiernos en turno.

Las mismas prácticas se replicaron en los gobiernos estatales anteriores, con lo que el grupo logró acuerdos millonarios que incluyeron la creación de la orquesta Esperanza Azteca y el pago por presentaciones en eventos públicos. Todo eso se acabó en 2018, con el cambio de régimen y los recursos ya no volvieron a fluir del mismo modo.

Cuando la crítica se vende al mejor postor

La libertad de expresión y el derecho a la información son pilares de toda democracia. Pero cuando los medios utilizan su poder para negociar contratos o presionar presupuestos, esos principios se desvirtúan. Lo que debería ser una voz crítica se convierte en un instrumento de extorsión institucional, disfrazado de periodismo. Y eso ya lo hemos visto ampliamente en Puebla.

El gobierno estatal afirma mantener una postura de respeto hacia el trabajo informativo, “siempre que contribuya a una sociedad más justa, libre y equitativa”. Esa línea, sin embargo, también obliga a la administración pública a ser transparente y abierta al escrutinio. Pero el punto clave aquí no es si se puede o no criticar al gobierno —eso está garantizado—, sino desde qué motivaciones se hace o bajo qué intereses se comete autocensura.

Entre la ética y el negocio

En un país donde la publicidad oficial ha sido históricamente usada como mecanismo de control o recompensa, este tipo de tensiones no sorprende. Lo preocupante es que los medios, que deberían fiscalizar al poder, terminen exigiendo del erario el pago por su silencio o benevolencia.

El caso de Puebla exhibe una vez más la urgencia de discutir un nuevo modelo de relación entre gobiernos y medios de comunicación, basado en criterios de transparencia, equidad y ética profesional. Ni la prensa debe vivir del presupuesto público, ni el gobierno debe usar la publicidad como herramienta de castigo o premio.

Porque cuando el poder político y el poder mediático se confunden con el económico, la verdad y la credibilidad son las primeras víctimas.

El gobernador Alejandro Armenta lo tiene muy claro: "Todos vienen a hacer una tarea, ya sea periodística o de propaganda". Lo cierto es que hoy mismo, la propaganda ha ganado terreno al periodismo y el periodismo ha dejado de ser la voz de la gente para convertirse en activismo financiado por ocultos intereses de grupos.

Cuenta de X: @mecinas
Director de Quinceminutos MX