Desde una perspectiva de análisis político comparado, la operación no puede interpretarse como un evento aislado, sino como parte de un proceso de reconfiguración del orden regional, en un contexto global marcado por la erosión del multilateralismo, el rediseño de la política exterior y el uso expansivo de herramientas jurídicas y militares para enfrentar amenazas transnacionales.
Doctrina Monroe, poder hegemónico y acción extraterritorial
Aunque la Doctrina Monroe dejó de operar como marco normativo explícito, su lógica subyacente —la preservación de una esfera de influencia estratégica— reaparece bajo nuevas formas. La transición de mecanismos de presión económica y diplomática hacia una acción militar directa representa un cambio cualitativo en el ejercicio del poder hegemónico estadounidense en el hemisferio occidental. La detención de un jefe de Estado en funciones, sin una resolución expresa de organismos multilaterales, tensiona los pilares del orden jurídico internacional y refuerza la percepción de un retorno a esquemas de unilateralismo estratégico.
Este tipo de acciones plantea riesgos sistémicos: debilita la previsibilidad normativa, introduce ambigüedad jurídica y genera incentivos para respuestas asimétricas por parte de otros actores estatales, tanto dentro como fuera de la región.
Derecho internacional penal y delitos transnacionales
Uno de los ejes centrales del debate se sitúa en el ámbito del derecho internacional penal. La justificación de la operación se apoya en la persecución de delitos transnacionales graves, en particular el narcotráfico de estupefacientes, los delitos contra la salud pública y el narcoterrorismo.
Estas conductas, tipificadas en convenciones internacionales y asociadas a dinámicas de criminalidad organizada de alto impacto, han ampliado el margen de cooperación judicial entre Estados.
Desde esta lógica, algunos enfoques sostienen que la presunta captura del aparato estatal por redes criminales transnacionales podría habilitar una interpretación extensiva de la jurisdicción penal, bajo criterios de excepcionalidad. No obstante, esta postura continúa siendo objeto de controversia doctrinal, especialmente en lo relativo a la ausencia de consensos claros sobre jurisdicción universal, debido proceso y el equilibrio entre responsabilidad penal individual y soberanía estatal. La falta de un marco multilateral robusto en este tipo de escenarios expone las limitaciones actuales del sistema internacional para abordar amenazas híbridas sin recurrir a la coerción directa.
Efectos migratorios y estabilidad regional
En el plano socioeconómico, el impacto potencial sobre los flujos migratorios es considerable. La incertidumbre institucional en Venezuela puede actuar como un nuevo factor de expulsión, incrementando la presión sobre países receptores y de tránsito. Este fenómeno ocurre en un contexto regional donde los sistemas de asilo y protección humanitaria ya enfrentan restricciones, tensiones políticas internas y crecientes demandas sociales, lo que podría derivar en un mayor endurecimiento de las políticas migratorias.
Desde el enfoque de economía política internacional, América Latina enfrentaba este escenario con un crecimiento moderado, baja productividad y alta dependencia de variables externas. La fortaleza del dólar estadounidense, junto con la depreciación de varias monedas locales, había reducido márgenes de maniobra macroeconómica, incrementado costos de financiamiento y debilitado expectativas de inversión. Una profundización de la crisis venezolana añade un elemento adicional de riesgo, al afectar la percepción de estabilidad regional y elevar las primas de riesgo en economías emergentes del continente.
Un precedente con implicaciones estructurales
La captura de Nicolás Maduro constituye, en última instancia, un punto de inflexión para el orden regional. Más que una discusión coyuntural, el episodio obliga a repensar la arquitectura institucional que regula el uso de la fuerza, la cooperación penal internacional y la resolución de conflictos en América Latina. El riesgo central no reside únicamente en el caso venezolano, sino en el precedente que establece para futuras intervenciones justificadas bajo criterios de seguridad transnacional.
La respuesta de los organismos multilaterales y de los gobiernos latinoamericanos será determinante. De ella dependerá si este acontecimiento se consolida como una excepción en un sistema normativo debilitado o como el inicio de una etapa caracterizada por la normalización de la acción unilateral. En cualquiera de los escenarios, América Latina enfrenta un momento de alta complejidad estratégica que exige liderazgo político, coordinación regional y una reflexión profunda sobre cómo preservar la estabilidad, la legalidad y el diálogo en un entorno internacional crecientemente fragmentado.
