La Secretaría de la Función Pública inhabilitó por un plazo de 10 años a Guillermo García Alcocer, quien fuera titular de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por la autorización de permisos para comercializar combustibles a favor de una empresa de un familiar suyo.
La dependencia informó, a través de un comunicado, que la sanción “es resultado de una detallada investigación y procedimiento sancionatorio en el que se constató que el ex servidor público participó en la autorización de permisos para comercializar combustibles en favor de una empresa de un familiar suyo”.
De acuerdo con la SFP, en la gestión del ex funcionario se violentó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
“Para la función pública es prioritaria la erradicación de los conflictos de interés, sobre todo alrededor de la mal llamada reforma energética que buscó que unos cuantos se llenaran los bolsillos desviando los recursos públicos”, declaró la titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval.
Abundó que, en el periodo neoliberal, instituciones como la CRE fueron usadas para privatizar las industrias del sector y debilitar a las empresas públicas, en un intento de desaparecer a Pemex y la CFE.
García Alcocer asumió la titularidad de la CRE en 2016, y presentó su renuncia en junio de 2019, luego de un conflicto con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Criticó las ternas enviadas por López Obrador para integrarse a este órgano, luego de que se presentaran renuncias en su interior que impedían que hubiera quórum para sesionar.
Ante las críticas, el jefe del Ejecutivo señaló a Guillermo García Alcocer de tener conflictos de interés, por lo que Función Pública inició una investigación.
El entonces funcionario admitió que su esposa tenía familiares en empresas del sector energético; sin embargo, una de ellas no es regulada por la CRE.
Sobre la otra, detalló que durante la revisión y votación de asuntos relativos a esa empresa, se excusó de no participar en estos procedimientos, por lo que no ha incurrido en conflictos de interés. Finalmente, presentó su renuncia argumentando que tenía una visión distinta a la de los nuevos integrantes de la comisión.
Sandoval refrendó que en la institución a su cargo se sigue construyendo la nueva ética pública para la integridad en el servicio público y el castigo y la prevención los conflictos de intereses son parte esencial esta tarea.
