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Ciudad de México. — Este fin de semana, el diario El País reveló una nueva arista en la larga historia del espionaje político en México, al destapar la existencia de un centro clandestino de intercepción de comunicaciones presuntamente operado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La sede del centro: una lujosa mansión en Lomas de Chapultepec, confiscada años atrás a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas.

Entre los delitos que cometió el morenovallismo, con absoluta impunidad, consentimiento y colusión de las entonces autoridades federales, a pesar de que resultaron muy directamente afectadas, está el espionaje que se perpetró desde Puebla, entre 2011 y 2018, que ha sido abundantemente documentado y reconocido ya por el Estado Mexicano.

No conforme con haber encabezado el gobierno con más señalamientos de corrupción en la historia del país, el expresidente Enrique Peña Nieto fue el que inició la debacle de su partido, el PRI, que actualmente sería hasta la quinta fuerza política.

La figura del expresidente de México Enrique Peña Nieto volvió a la escena internacional, ahora por un escándalo legal de los socios de una empresa Israelí, quienes mantienen una disputa por al menos 25 millones de dólares que habrían sido entregados al mandatario mexicano para que permitiera la operación del software de espionaje Pegasus durante su sexenio.

Entre las víctimas iniciales de este espionaje se encontraba Mario Ernesto Patrón Sánchez, activista y actual rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla

De acuerdo con este medio, el funcionario  fue notificado de los hackeos después de que fueron confirmados por Citizen Lab, un grupo de vigilancia con sede en la Universidad de Toronto

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, fue espiado por el programa Pegasus cuando investigaba abusos del Ejército mexicano, reveló The New York Times.

De acuerdo con este medio, Encinas Rodríguez fue notificado de los hackeos después de que fueron confirmados por Citizen Lab, un grupo de vigilancia con sede en la Universidad de Toronto.

El grupo efectuó un análisis forense de su teléfono que, al momento, no ha sido dado a conocer.

“Su celular ha sido infectado varias veces, incluso el año pasado, mientras lideraba la Comisión de la Verdad del gobierno sobre la desaparición, lo que le dio a los piratas informáticos acceso ilimitado a toda su vida digital”, detalló The New York Times.

El colectivo también halló pruebas de que se habían infiltrado con Pegasus los celulares de otros dos cercanos funcionarios que trabajan con Encinas y han estado involucrados en indagatorias de violación a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas.

“Los ataques a Encinas, que no habían sido reportados antes, socavan gravemente la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que pondría fin a las prácticas de espionaje, que ha calificado de ‘ilegales’, ocurridas en el pasado. Y, cuando ni siquiera los aliados del presidente parecen estar a salvo, los ataques también son un indicio claro del uso despreocupado de la vigilancia en México”, señala el medio.

La licencia de Pegasus está permitida solo a agencias del gobierno y, aunque no hay pruebas definitivas sobre cuál es la que realizó el hackeo al celular de Encinas, el Ejército es la única entidad en México que tiene acceso al programa espía, según cinco personas con conocimiento de los contratos.

“De hecho, el Ejército mexicano ha infectado más celulares con esa tecnología que cualquier otra instancia gubernamental en el mundo”, señala el medio.

El gobernador lamentó que esta práctica fuera realizada en la entidad por gobiernos anteriores para controlar a adversarios políticos, periodistas y activistas

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Indicó que fueron víctimas de seguimiento físico y que les revisaron las cuentas bancarias constantemente