Veamos. Desde que Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo, la paraestatal fue objeto de los más tenebrosos robos en despoblado y criminales saqueos; pocos fueron a la cárcel, más por intereses políticos que por una justicia real. Un ejemplo: Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, líder del entonces poderoso Sindicato de Trabajadores Petroleros, un aliado del PRI que amasó una grandiosa fortuna. El 10 de enero de 1989, sin una orden de aprehensión, fue arrestado por militares en Ciudad Madero, Tamaulipas. Se le acusó de homicidio calificado, acopio y almacenamiento de armas para uso exclusivo del Ejército, introducción ilegal de aeronaves con valor superior a los 10 millones de dólares; evasión fiscal por más de 3 mil 500 millones de pesos y por atentar contra la seguridad nacional. Nada más. Una fichita. Antes, se registró la principal época de bonanza petrolera en México, entre 1977 y 1981, durante la presidencia de José López Portillo, un periodo de auge de precios internacionales y un alza considerable en la producción de crudo. A pesar de los altos ingresos, no se tradujo en un desarrollo económico, ni en una mejora significativa para la mayoría de la población. Y eso que decían que el petróleo era “nuestro”. Ajá. ¿Quién se robó el dinero? Pues quedó en unos cuantos. Obvio. Luego, vino el periodo neoliberal. Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este miércoles, aseguró que en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, Pemex se endeudó tanto que “(ahora) nos toca pagar de amortización 300 mil millones de pesos”. Brutal. Tanto sólo lo que la paraestatal debe ronda los 88 mil millones de dólares. ¿Y el dinero? Seguramente está en cuentas de empresas offshore en paraísos fiscales, o en bancos de Estados Unidos o Europa. Pero no fue sólo fue el saqueo per se, también comenzó a registrarse el robo de combustible, solapado por funcionarios, policías y pobladores. Aquí hay dos fenómenos: el fiscal y el hurto vía los piquetes a ductos, este último ha bajado considerablemente por la estrategia de cerrar las tuberías y distribuir el combustible con pipas, implementada por Andrés Manuel López Obrador. Se calcula que por este delito se hurtaron unos 24 mil millones de dólares hasta 2024. Es un crimen antiquísimo; sus primeros rastros datan de 1938, cuando trabajadores de Pemex empezaron a robar gasolina, según publicó la BBC en su portal. Mientras tanto, el fiscal es un delito que no busca estafar a los servicios de aduanas e impuestos importando combustible falso. Es decir: opera mediante la manipulación, permite que ingresen al mercado interno a precios considerablemente más bajos, lo que genera márgenes de ganancia elevados y distorsiona la competencia. Su impacto en la economía mexicana ha alcanzado dimensiones alarmantes, con pérdidas superiores a 170 mil millones de pesos, según el análisis “Recaudación potencial del contrabando fiscal”, elaborado por Petro Intelligence y citado por Infobae. Por ello, para el Gobierno de Claudia Sheinbaum es importante esto, y los golpes que ha dado el Gabinete de Seguridad son muestra del combate para dejar de sangrar a Pemex.
Es cuanto.
